Libres, 53 de 142 detenidos por caso Iguala; investigarán a Jesús Murillo Karam

Los jueces encargados de los procesos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han desestimado pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro, y privilegian más el derecho de los victimarios que el de las víctimas.

Así lo afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien indicó que por esta situación están libres 53 de los 142 civiles y policías municipales detenidos por la noche de Iguala.

Alertó que otros 50 sospechosos podrían quedar libres, pues la liberación, por tortura, de Gildardo López Astudillo, jefe de Guerreros Unidos, marcó un precedente judicial en el caso que sería aprovechado por otros presos.

Adelantó que interpondrán denuncias ante la FGR y la Judicatura para investigar a quienes integraron las averiguaciones en su momento, así como a los juzgadores que han exonerado a los sospechosos de desaparecer a los jóvenes hace cinco años.

Cuestionado sobre si estas indagatorias alcanzan al exprocurador Jesús Murillo Karam, Encinas afirmó que sí, pues se busca fincar responsabilidades a los funcionarios que alteraron el debido proceso en esta investigación.

Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, está preso por el homicidio de un síndico, no por la desaparición de los 43, por lo que no se prevé que salga libre.

Excarcelan a 37% de caso Iguala; han liberado a 53 de 142 implicados

Encinas advirtió que al menos otros 50 sospechosos podrían quedar en libertad en cuestión de meses.

Un tercio de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido liberado debido a que los jueces han desestimado 63 de las 107 pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro en el caso.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, acusó que los impartidores de justicia han privilegiado más el derecho de los victimarios que el de las víctimas, lo que ha provocado que estén libres 53 de los 142 civiles y policías municipales detenidos por la noche de Iguala, es decir, 37% del total.

Por esto, al menos otros 50 sospechosos podrían quedar en libertad en cuestión de meses, alertó el funcionario en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que el precedente judicial para esto lo marcó la resolución del juez federal Samuel Ventura Ramos, quien hace unos días argumentó tortura para exonerar por secuestro y delincuencia organizada a Gildardo López Astudillo, pese a que se acreditó que era el jefe de Guerreros Unidos en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Contra jueces

Encinas anunció que por órdenes presidenciales interpondrán denuncias ante la FGR y la Judicatura para investigar a quienes integraron las averiguaciones, así como a los juzgadores que han liberado de toda responsabilidad penal a los sospechosos de desaparecer a los jóvenes hace casi cinco años.

“La aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley, se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas”, dijo.

—¿En este reencauzamiento y en estas investigaciones que está pidiendo tanto a la visitaduría como al Consejo de la Judicatura se incluye a quien fue su titular y también a quien llevó la investigación: Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam?, se le preguntó.

—Sí, hay que recordar que ya la visitaduría de la propia Fiscalía General de la República inició un procedimiento contra Tomás Zerón por haber actuado indebidamente en todo el proceso de investigación del caso de Ayotzinapa, y esto derivará, sin lugar a dudas, en el fincamiento y deslinde de responsabilidades, no solamente contrario, sino con los funcionarios que resulten responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación, indicó.

Encinas afirmó que la “mal llamada verdad histórica” se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas y en la tortura en beneficio de los perpetradores.

Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, está preso por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, quien fuera síndico municipal, no por la desaparición de los normalistas. Ante esto, no se vislumbra que pueda salir en libertad.

Al respecto, López Obrador consideró que urge reformar al Poder Judicial Federal y a la FGR en razón de los casos de impunidad, amiguismo, corrupción y lentitud en la impartición de justicia.

“Con todo respeto, creo que es el momento de emprender una reforma a fondo, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Le tengo confianza a los titulares, lo que pasa es que son instituciones que se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo, corrupción. La Procuraduría era una cosa tremenda”, indicó.

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