Trazan ya pista central de aeropuerto en Santa Lucía

A una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a los trabajos de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ingenieros militares avanzan en el trazo de la pista central para cumplir con la orden de inaugurarlo el 21 de marzo de 2022.

El coronel Mario Alberto Pérez coordina a los 455 ingenieros que participan en la edificación del aeródromo; con esta obra, el Gobierno federal pretende solucionar la saturación de la terminal Benito Juárez en Ciudad de México.

En la zona ya se encuentra la maquinaria para cimentar la pista central, que será una de las tres (dos civiles y una militar ya existente) que darán servicio a 20 millones de pasajeros anuales en la etapa inicial, y a 85 millones en la final; las pistas permitirán aterrizajes y despegues de manera simultánea de vuelos nacionales e internacionales.

A diferencia de lo que ocurrió en el aeropuerto de Texcoco, a donde el material se trasladaba de diversas minas aledañas, en Santa Lucía se obtendrán 10 millones de metros cúbicos de arcilla, arena y grava del mismo terreno, con los que se construirán pistas, calles de rodaje y plataformas.

El coronel Pérez destacó que “es de muy buena calidad” y que en el lugar labora personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para verificar que no haya restos arqueológicos.

Describió que los trabajos se realizarán en 17 puntos de manera simultánea, entre estos un edificio terminal, 5 mil 500 cajones de estacionamiento, hangares de mantenimiento, la reubicación de instalaciones militares y una ciudad aeroportuaria con espacio para hoteles, corporativos de aerolíneas, servicios bancarios, plaza comercial y centro de convenciones.

Uno de los problemas de la zona es la visibilidad de los pilotos, y así lo reconoce el coronel: “Aquí, en ciertas temporadas del año, existe neblina que obstruye la visibilidad, por lo que aeropuerto va a estar equipado con tecnología satelital para que aterricen de manera segura”.

Desde los trabajos de la pista central es posible ver el polémico cerro de Paula, que fue uno de los problemas para determinar la ubicación de las pistas y que encareció 11 por ciento la obra, que se prevé tenga un costo de 75 mil millones de pesos. El cerro, indicó el coronel, no interfiere con la operación, ya que fue el trazo que diseñó NAT Blue y aeropuertos de París.

El militar tiene claro el enorme reto de construcción que tienen por delante. “Es un proyecto de gran magnitud que sí rebasa en volumen la cantidad de personal con que contamos; aunque aquí esté la mayor parte de ingenieros, todos los recursos que la secretaría y los materiales, sí requerimos de mano de obra complementaria”.

Por ello, abrirán una convocatoria para contratar diversos perfiles de trabajadores que los apoyen. Entre los pendientes, el Gobierno federal tiene que adquirir los terrenos aledaños para llevar a cabo el proyecto de movilidad y conexión de la base militar con el Circuito Exterior Mexiquense. “Tenemos un avance de aproximadamente 60 por ciento adquirido de mil 400 hectáreas que se requieren para el desarrollo”, dijo.

No obstante, propietarios de terrenos contiguos a la base aérea obtuvieron la suspensión definitiva para que no se puedan realizar las obras dentro de lo que se conoce como Zona de Amortiguamiento Acústico.

Lo anterior luego de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró terrenos nacionales cuatro polígonos de más de 700 hectáreas en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, que, según fuentes consultadas por Milenio, son propiedad privada, por lo que los afectados no pueden tener acceso a la indemnización que les corresponde.

El pasado 26 de abril de 2019, la Sedatu publicó la Declaratoria de Terreno Nacional de tales polígonos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin verificar si existía propiedad privada, y fue al reclamar su indemnización que los afectados se percataron del intento de despojo por parte de la dependencia, por lo que se ampararon para demostrar la posesión legal de los predios.

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